"Siempre será posible construir escenarios de negociación con el Gobierno"
Alfonso Cano, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dice que la guerrilla aún no está dispuesta a desmovilizarse y dejar la lucha armada
Alfonso Cano, cuyo nombre civil es Guillermo León Sáenz Vargas (Bogotá,
1948), es el comandante de la guerrilla más antigua del mundo. En esta
entrevista con Público, la
primera que concede a un medio de comunicación en 19 meses, el líder
intelectual de la guerrilla analiza la época de Alvaro Uribe y mantiene
qué es difícil avanzar en el camino hacia la resolución de la guerra
civil que dura ya décadas con el nuevo mandatario Juan Manuel Santos.
Cano contestó a las preguntas a través de un cuestionario que devolvió
firmado el 21 de mayo de 2011 en “las montañas de Colombia”.
¿Cuáles son las razones por las que luchan las FARC?
Nuestros
objetivos son la convivencia democrática con justicia social y
ejercicio pleno de la soberanía nacional, como resultado de un proceso
de participación ciudadana masivo que encause a Colombia hacia el
socialismo.
Son la guerrilla más antigua del mundo.
¿Siguen vigentes los motivos por los que iniciaron su lucha armada o
éstos han cambiado con el tiempo?
En estos 47 años se
desató una vertiginosa transformación en la ciencia y en la tecnología,
se elevaron los índices de crecimiento económico en muchos países,
colapsó el modelo soviético de construcción socialista e irrumpió
incontenible la República China. Sin embargo, pese a todo ello y a
muchas otras novedades trascendentes, el hambre creció en el planeta,
las injusticias, las brechas sociales y los conflictos persistieron y
aumentaron mientras que cerca de 10.000 individuos espantosamente
adinerados deciden la suerte de miles de millones de personas. Las FARC
nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza
sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición
democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular
a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los
campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos, y nacimos
también, como actitud digna y beligerante de rechazo a la injerencia del
Gobierno de EEUU en la confrontación militar y en la política interna
de nuestra patria, tres razones esenciales que gestaron a las FARC tal
como se señala en el Programa Agrario de Marquetalia elaborado y
difundido en 1964. Una somera mirada sobre la realidad colombiana de
mayo de 2011 nos muestra que, a pesar del contexto internacional
reseñado, estos tres factores germinales persisten y se agravan en la
actualidad.
¿Cree que es posible abrir un proceso negociador con el presidente Juan Manuel Santos?
Con
el esfuerzo mancomunado de muchos sectores progresistas y democráticos
interesados en una solución incruenta del conflicto, siempre será
posible construir escenarios e iniciar conversaciones directas de
horizontes ciertos, con cualquier gobierno, incluyendo al actual pese a
que este, empezando con su mandato, redujo las posibilidades al imponer
una ley que cierra puertas a diálogos dentro del país. Pero somos
optimistas sobre la eventualidad de lograrlo.
Ante
la negativa del Gobierno de aceptar canjes de rehenes por guerrilleros
presos, ¿qué planes tiene para los secuestrados que siguen en poder de
las FARC?
Le entiendo que usted se refiere a los
prisioneros de guerra que tenemos en nuestro poder, porque una
aproximación desapasionada, rigurosa y objetiva al tema, en una
confrontación política, social y militar de cerca de 47 años, que
enfrenta a dos adversarios debe aludir a prisioneros de guerra que las
partes capturan en el devenir de esa confrontación, ¿cierto?. La
negativa actual del gobierno al canje no tiene por qué arredrarnos en la
aspiración de tener con nosotros, libres, a los camaradas presos en la
actualidad y a que regresen a sus hogares los prisioneros, militares y
policías capturados en combate, que tenemos en nuestro poder, a quienes
sus familias también aspiran a tener de nuevo en su seno. Por encima de
la indiferencia del Estado sobre los propios soldados, vamos a
perseverar. Se sabe que mientras perdure una confrontación habrá
prisioneros en poder de las partes.
El Comité Internacional de la
Cruz Roja es un organismo neutral encargado de velar por el
cumplimiento del derecho internacional humanitario. En su último informe
indica que "mientras las partes en conflicto adelanten los
enfrentamientos armados en zonas rurales, la población que habita estas
áreas vive en permanente peligro y está expuesta a violaciones del DIH
como: homicidios y/o ataques a personas protegidas por el DIH:
desapariciones forzadas; violencia sexual; toma de rehenes;
reclutamiento forzado; malos tratos físicos y/o psicológicos; y
desplazamiento forzado. La falta de respeto al principio de distinción
entre combatientes y civiles, las presiones para colaborar generando
represalias directas contra los civiles, la ocupación de bienes civiles
privados o públicos y la contaminación por armas son otros factores
agravantes que afectan la vida de las comunidades".
¿Cuáles de estas violaciones comete las FARC?
Para
ser rigurosos habría que referir uno a uno los casos informados por el
CICR y como este no es el espacio adecuado, le puedo comentar que para
nosotros, lo primero y más importante de nuestra lucha es la población,
no solo por razones de principios políticos e ideológicos, sino
prácticos de la guerra. Únicamente en la medida que respondamos a las
necesidades objetivas de la población en cada área, podemos resistir,
crecer y avanzar. De lo contrario es imposible.
Hace años y dada
la intensidad de los combates, difundimos unas normas de comportamiento
para que la población civil no permitiera su utilización como escudo por
parte de la fuerza pública que construye cuarteles en medio de los
poblados, utiliza el transporte público para sus movimientos, entrevera
caravanas de vehículos militares en medio del transporte civil para sus
desplazamientos por carreteras, pernocta en las escuelas y colegios,
etc., prácticas que la fuerza pública utiliza, creándole peligrosos
riesgos a la población.
Eventualmente unidades nuestras pueden
violentar las normas, pero como estamos regidos por unos Estatutos, unas
Normas y unos Reglamentos de Régimen Disciplinario estricto, cimentados
en una concepción revolucionaria de la vida, que armonizan las
relaciones entre combatientes y también, las nuestras con la población
civil garantizando una profunda, sincera, armónica y sólida relación,
tomamos los correctivos que señalan nuestros documentos.
Respecto
al DIH y a sus Protocolos adicionales, mantenemos algunas reservas
porque, en ocasiones, dificultan la aproximación a ciertas situaciones,
dado que fue concebido y diseñado para conflictos entre naciones y, pese
a los protocolos adicionales, no siempre proporciona el justo
equilibrio. Por ejemplo, calificar como "ejecuciones extrajudiciales" la
homicida, criminal y sistemática práctica de las Fuerzas Armadas
oficiales de Colombia durante los últimos 63 últimos años, de asesinar
civiles, vestirlos con ropa militar y colocar armas a sus cadáveres para
hacerlos pasar como guerrilleros "dados de baja" en combate, en un país
que se ufana de ser un Estado de Derecho y cuya legislación no
contempla la pena de muerte, posibilitó un trato benigno y celestino a
los criminales, que ha escamoteado una condena drástica, vertical,
diáfana y oportuna al terror desarrollado por el Estado colombiano desde
hace más de 47 años.
La norma sobre el uso de armas no
convencionales, es una reglamentación para la guerra entre naciones que
no puede abarcar a movimientos populares como el nuestro que se armó
desde un comienzo con palos y machetes para defenderse de una agresión
gestada y ejecutada por el Estado, con la contribución militar,
financiera y tecnológica de la Casa Blanca. Equivale a recriminar al
bíblico David porque utilizó piedras para defenderse de la agresión del
coloso Goliat.
Valdría la pena trabajar un escenario internacional
donde analizar, desde diferentes ópticas, estas situaciones y otras del
mismo tenor e intercambiar conceptos sobre la "neutralidad" que por
encima de cualquier consideración, deben mantener quienes se reclaman
sus garantes.
Las FARC hacen uso de minas antipersona,
entre otras cosas contra operaciones de erradicación manual de cultivos
de hoja de coca. ¿Por qué continúan usando un arma prohibida por el
derecho humanitario y que todo el mundo acordó en 1998 erradicar en el
Tratado de Ottawa o la Convención sobre la prohibición de minas
antipersonales?
Le reitero que acerca del armamento
utilizado por la guerrilla en su lucha de resistencia, en la
irregularidad de su táctica y como consecuencia de la asimetría que
caracteriza una confrontación como la colombiana, será necesario que en
un escenario internacional ampliamente representativo, con la presencia
de la guerrilla revolucionaria por supuesto, nos ocupemos de abordar
este tema con objetividad, sin mentiras, buscando unas conclusiones
realistas que todos podamos acatar rigurosamente, incluyendo a los
gobiernos. Es ridículo, por calificarlo de alguna manera, que cuando el
Estado colombiano lanza operativos contra insurgentes en una proporción
de 100 militares por cada guerrillero, con bombardeos de ablandamiento
ejecutados con miles de toneladas de pentolita , realizados por una
aviación dotada de cohetes de todo tipo, ametrallamientos desde sus
centenares de helicópteros gringos y rusos de última tecnología, fuego
de artillería con morteros de 120 mm, salgan luego los altos mandos
militares a quejarse y a denunciar, porque muchas de sus unidades
cayeron en campos minados en tan desigual teatro de operaciones. O, como
también sucede, es criminal forzar a civiles a servirles como guía en
sus labores de rastreo y seguimiento con consecuencias muchas veces
lamentables para quienes han sido obligados. O, como sucede en otras
ocasiones, es perversamente fariseo dar dinero a civiles para que
ejerzan como soplones, quienes buscando información, muchas veces son
víctimas de la confrontación.
Sin duda, nadie puede escatimar
esfuerzos por separar a la población civil del conflicto. Esto debe
privilegiarse en todos y cada uno de los hechos que se acometan como
parte del conflicto, pero como entender esto en el caso de Colombia,
donde el gobierno nacional desató una intensa campaña para reclutar
civiles como informantes a cambio de dinero, integrándolos a un aparato
llamado Red de Cooperantes, ¿se estarán ciñendo a las normas del DIH?.
¿O existe una contradicción entre su discurso maniqueo frente a la
normatividad internacional y las políticas que desarrolla?. Son muchos
los temas que deberá abocar una reunión de actualización del DIH, en la
que sería vital la participación de los Estados Unidos de Norteamérica
para también analizar la sindéresis entre las exigencias que hace al
resto del mundo respecto a los Derechos Humanos y su práctica cotidiana y
universal.
¿Tienen futuro las FARC si se mantienen al
margen del narcotráfico? ¿Qué relaciones tienen ahora con el cultivo y
tráfico de drogas? ¿Es hoy en día su principal fuente de financiación?
¿Cuánto dinero ingresan al año por este concepto?
Nuestra
lucha por permanecer al margen del narcotráfico no ha sido fácil ya que
en los últimos 30 años Colombia ha sido permeada y contaminada, de pies
a cabeza, por los dineros del narcotráfico: las instituciones del
Estado sin excepción, la industria, la banca, el comercio, la política,
el deporte, el agro, la farándula, las fuerzas militares y de policía, y
en general, el conjunto del tejido social.
La guerra contra las
drogas decretada por la Casa Blanca ha sido un fracaso, especialmente en
Colombia pues ha dejado una enorme estela de sangre, desintegración
social y pérdida de valores sustantivos de la ética y a moral, mientras
que el área sembrada de coca oscila pendularmente entre las 90 mil y las
180 mil hectáreas y el país continúa a la cabeza del tráfico mundial,
según informes de diversos organismos internacionales.
De tiempo
atrás, hemos manifestado nuestro acuerdo con la legalización o con la
despenalización que, desde las épocas del premio nobel norteamericano
Milton Friedman hasta hoy incluyendo a 4 expresidentes latinoamericanos y
a gran cantidad de personalidades y organizaciones del mundo entero, se
promueve como salida realista para liquidar definitivamente las enormes
ganancias de este tráfico, manejar su creciente consumo como un
problema de salud pública y desarrollar estrategias preventivas con la
certeza de su superación definitiva.
En épocas del Caguán, en
sesión especial ante embajadores y representantes de diversos países y
organismos multilaterales, presentamos un plan detallado para
experimentar en un área delimitada una estrategia de sustitución de
cultivos que desestimulara a los campesinos cultivadores de coca y les
contribuyera en la creación de alternativas económicas ciertas. Muchos
narcotraficantes y dirigentes políticos de los partidos de gobierno se
atravesaron a la propuesta y la frustraron.
El narcotráfico no es
un problema de las FARC. Es un fenómeno nacional, latinoamericano y
mundial al que se le debe hacer frente con una estrategia nacional y
convergente encabezada por los primeros responsables y también grandes
víctimas de este cáncer: los países desarrollados.
Quisiera serle
taxativo en esto: ninguna unidad fariana, de acuerdo a los documentos y
decisiones que nos rigen, pueden sembrar, procesar, comerciar, vender o
consumir alucinógenos o sustancias psicotrópicas.
Todo lo demás que se diga, es propaganda.
Al margen del narcotráfico, ¿cómo se financian las FARC?
Las
FARC - EP tenemos tres fuentes básicas de financiación: aportes de
amigos y simpatizantes que creen sinceramente en el compromiso
revolucionario de las FARC y en la causa por la que luchamos; impuestos
que cobramos a los ricos, a través de la ley 002 y, rentas generadas de
inversiones que mantenemos.
Las FARC han sufrido sus
golpes más duros durante el Gobierno de Uribe, como la Operación Jaque,
la Operación Fénix, la Operación Camaleón... ¿En qué situación se
encuentra la guerrilla? ¿Cuáles son sus efectivos y qué territorio
controla?
Para ser sinceros el golpe más serio y de mayor
calado lo recibimos luego de la segunda conferencia guerrillera
realizada en 1966, en el departamento de Quindio, donde perdimos gran
cantidad de combatientes y el 70% de las armas. Solo hasta la quinta
conferencia, después de muchos años, pudo decir el comandante Marulanda:
"Por fin nos hemos repuesto del mal que casi nos liquida".
Operativos
como Jaque, desarrollado a partir de la traición del jefe de la unidad
guerrillera que vendió los prisioneros de guerra bajo su custodia, no
tienen las connotaciones promocionadas por el Gobierno. Innumerables
veces hemos rescatado nuestros presos de las cárceles del Estado. Son
hechos de guerra que llaman a las partes a tomar nuevas medidas de
seguridad. No modifican ni la concepción, ni los diseños operacionales
ni mucho menos la estrategia de nuestra fuerza.
En los últimos 9
años, y como consecuencia de la mayor injerencia militar de Washington
en los asuntos internos de Colombia, la guerra se ha intensificado.
Hemos sufrido golpes. Las muertes de Raúl, de Jorge, de Iván Ríos y de
muchos camaradas, nos duelen y nos generan ese dolor revolucionario que
desata, incontenible, mayor compromiso con nuestros ideales de
socialismo. Ya las hemos asimilado. Con el legado y ejemplo de nuestros
héroes y mártires, las nuevas promociones toman su lugar y trinchera,
nuevas promociones de revolucionarios dispuestos, como los más antiguos,
a darlo todo, hasta la vida, por los objetivos de la Nueva Colombia.
Pero, se sabe que en toda guerra hay muertos, de ambos bandos , y la colombiana no es la excepción.
También
estos 9 años, han demostrado el tamaño y la calidad del compromiso de
las FARC con nuestros ideales de cambio y de transformación
revolucionaria. Como es evidente en los partes militares también hemos
golpeado a las fuerzas militares y paramilitares del estado, a las
institucionales y a las para institucionales, a todas, incluyendo
aquellas que tiran la piedra y esconden la mano, que cínicamente dicen
desconocer la estrategia de los "falsos positivos", que niegan ante los
medios su contubernio con el narcoparamiliarismo, pero le abren en la
oscuridad de la noche las puertas secretas de sus palacios, mansiones y
haciendas para conspirar contra la convivencia, la democracia y contra
el pueblo.
Las FARC mantenemos nuestra influencia, sólida
influencia, en las áreas donde existimos, por todos los rincones de la
geografía nacional, nacida y cimentada en la justeza de nuestros
planteamientos políticos, en nuestro trabajo y ayuda permanente a las
comunidades, respeto hacia todas ellas y por nuestra autoridad surgida
del compromiso sincero del que no pretende nada a cambio de su esfuerzo,
salvo la satisfacción de aportarle esperanza al pueblo en su propia
capacidad de movilización, organización, lucha y en su futuro bienestar.
No le puedo comentar cuántas unidades conforman las FARC - EP
porque somos una organización irregular. Pero, accionamos, trabajamos y
luchamos en todo el territorio nacional.
¿Qué hay de cierto en el supuesto contenido del ordenador de Raúl Reyes?
Los
elementos que pudieron haber quedado funcionando, luego del bombardeo
sobre la humanidad del Camarada Raúl y su guardia, fueron manipulados al
amaño del gobierno. Ni la propia INTERPOL quiso comprometerse con las
truculencias de Alvaro Uribe y manifestó públicamente, luego de un
detallado análisis, que había sido quebrada la Cadena de Custodia, lo
que significa, en buen romance, que luego de la muerte de Raúl se
manipularon los contenidos del disco duro "sobreviviente", si fue que lo
hubo luego de semejante infierno de explosivos. Se trataba de inventar y
retorcer acontecimientos para chantajear a las FARC y a muchos amigos
de la paz de Colombia con ese estilo muy particular que caracteriza al
señor Alvaro Uribe y que impuso a toda su administración. Esta semana
que termina, la Corte Suprema de Justicia declaró como ilegal cualquier
prueba levantada sobre los llamados computadores de Raúl Reyes,
precisamente porque se manipularon los materiales supuestamente
encontrados y además se desvirtuaron los procedimientos judiciales.
Curiosamente,
no trascendieron informes que nos llegaban y que el Comandante Raúl
debía de conservar, por ejemplo, alrededor de los pagos a altos
oficiales de la policía, hoy generales, que hizo el narcotraficante
Wilber Varela y que comentó personal y detalladamente a uno de nuestros
comandantes en el Valle del Cauca el coronel Danilo González, quien aún
en servicio activo, buscó a las FARC pretendiendo la liberación de unos
sospechosos que habíamos retenido; tampoco se mencionaron informes
precisos alrededor de la utilización plena del DAS por parte del
paramilitarismo con la total anuencia del Presidente de entonces, ni de
los encuentros, whisky en mano, en Bogotá, de jefes paracos con
"prestantes" personalidades linajudas para planificar las agresiones
contra la izquierda, ni otras muchas que harían muy larga esta
entrevista y que seguramente no incluyeron en las copias que han ido
regalando, a algunos de sus gobiernos amigos, a la CIA, al MI5 y al MI6
ingleses, al MOSSAD israelí y a otros que continúan publicitando
inverosímiles historias a través de sus organizaciones de bolsillo.
¿Cree
usted que el proceso de desmovilización de paramilitares impulsado por
la ley de Justicia y paz ha sido exitoso? ¿Cuál es su opinión sobre este
proceso?
Ese proceso se planificó y ejecutó como una
farsa para sacar en limpio a los verdaderos jefes del paramilitarismo
luego que Alvaro Uribe, uno de ellos, ganó las elecciones presidenciales
en el 2002.
Como cobertura, utilizaron a narcotraficantes y
sicarios con ínfulas de jefes contrainsurgentes, a quienes prometieron
estatus político y respeto a sus incalculables fortunas. Luego los
desecharon, en una historia que se recicla donde la aristocracia y
algunos trepangos delinquen buscando el poder y la riqueza utilizando a
criminales y bandidos, a quienes luego condenan, encarcelan o mandan
asesinar en un repetido espectáculo de escarnio público.
El país
sabe que el paramilitarismo es una estrategia del estado para asesinar
sistemáticamente opositores, buscando ocultar la sangre que mancha hasta
la médula a las instituciones públicas, detrás de bandas de sicarios y
delincuentes de apariencia civil.
La oligarquía colombiana,
impotente en su lucha contra los avances de la insurgencia
revolucionaria, se entregó a la práctica paramilitar a la que
posteriormente, en las décadas del 70, articuló con el naciente
narcotráfico dando origen al narcoparamilitarismo, ensalzado y
consentido socialmente por los poderosos durante largos años, quienes
ahora luchan por zafarse del estigma y por lavar sus propias porquerías.
A
los narcos que creyeron en sus palabras, los exhibieron y promocionaron
como grandes jefes contrainsurgentes y luego, los extraditaron a los
Estados Unidos con el fin de silenciarlos. Tiempo después, cuando desde
allá y por la presión de las víctimas procedieron a confesar villanías, a
mencionar a sus compinches, socios, contactos, mecenas políticos y
militares, la oligarquía utilizó sus medios para sembrar la duda: ¿cómo
creerle a un criminal y no a un aristócrata, a un político tradicional o
a un prestigioso general de las Fuerzas Militares?.
La ley de
justicia y paz, ha sido una gran farsa, que pasó por la venta de títulos
como "comandantes paramilitares" a sicarios narcotraficantes, pasó
también por las fotos de grandes "desmovilizaciones" de desempleados y
bandidos contratados para la ocasión con fusiles y armas compradas para
la fotografía, y terminará con la absolución de Álvaro Uribe, en la
comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes del Parlamento
colombiano, salvo que los millones de afectados por esta criminal
estrategia le impriman una mayor dinámica a sus esfuerzos y luchas y se
reciba mayor solidaridad mundial. Solo así en Colombia, como sucedió en
Argentina y otros países, se podrá condenar también a los responsables
materiales e intelectuales de las negras y sangrientas noches en que
hundieron el país.
¿ Por qué tiene sentido la lucha
armada para las FARC y no la defensa a través de vías democráticas de
los ideales políticos y las transformaciones socioeconómicas que
consideran necesarias?
Porque en Colombia a la oposición
democrática y revolucionaria, la asesina la oligarquía. La masacre de la
Unión Patriótica es la muestra palmaria.
A todo líder, a
cualquier organización no oligárquica que amenace los poderes
establecidos, lo asesinan o la masacran como parte de una estrategia
oficial de Seguridad Nacional. Los poderosos la han instituido como
característica de la cultura política y ahora la han incrustado en la
concepción del Estado.
Extensos pasajes de la historia nacional
que datan desde septiembre de 1828 cuando las facciones progringas
colombianas de entonces atentaron contra el Libertador Simón Bolívar,
hasta estos años, pasando por el asesinato del Gran Mariscal de
Ayacucho, Antonio José de Sucre, del líder liberal Rafael Uribe Uribe,
de Jorge Eliécer Gaitán, de Jaime Pardo Leal, de Luis Carlos Galán, de
Bernardo Jaramillo Ossa, de Manuel Cepeda Vargas y de centenares de
líderes más, parecieran ratificar un viejo y descarnado aserto popular:
la oligarquía colombiana no entiende sino el lenguaje de los tiros.
Aquí
en las FARC pensamos que a pesar de esa histórica agresión antipopular
que caracteriza el devenir nacional, es realista e inaplazable trabajar
la construcción de espacios de convergencia, donde entre todos los
colombianos construyamos los acuerdos que cimenten la convivencia
democrática. El comandante Jacobo Arenas insistió en que el destino de
Colombia no podía ser la guerra civil, en consecuencia hemos luchado,
una y otra vez, por encontrar con los distintos gobiernos, la salida
política al conflicto colombiano. NO se ha logrado porque la oligarquía
piensa en rendiciones y nosotros en cambios de fondo, democráticos, a la
vida institucional y a las reglas de convivencia, pero no por ello,
cejaremos de luchar la solución incruenta como esencia de nuestra
concepción revolucionaria y sustento de la Nueva Colombia.
¿Qué lecciones sacaron de la creación del partido Unión Patriótica?
Fue
una experiencia tan llena de riqueza como dolorosa, que debemos
analizar y referenciar permanentemente. Dentro de sus muchas lecciones
le podría mencionar algunas como lo difícil que es avanzar en un proceso
de solución política, cuando la oligarquía colombiana mantiene sus
estrategias de paz de los sepulcros y Pax Romana, pues frente a este
proyecto mostró su mezquindad y fue esencialmente sanguinaria y cruel.
Prefirió el asesinato de cerca de 5000 dirigentes democráticos y
revolucionarios en una razzia de corte hitleriano, que abrir espacios a
todas las vertientes de la izquierda, hecho que de haberse logrado
hubiese generado una nueva dinámica en la confrontación política y
posibilitado la concreción integral de los Acuerdos de La Uribe hace más
de 25 años.
Con el exterminio de la UP no solo perdió una
generación casi completa de dirigentes revolucionarios, la mayoría de
ellos de gran dimensión política e inmensos valores éticos, cuya
ausencia hoy es notoria en el escenario público de la nación como del
continente, también se frustró por muchos años, la posibilidad de firmar
un acuerdo de convivencia.
La experiencia de la UP nos enseñó que
cualquier avance hacia la paz que surja de acuerdos exige la
transparencia, que todo tropiezo debe clarificarse antes de emprender un
nuevo escalón, pues los Acuerdos de La Uribe, origen de la UP, fueron
saboteados por el Alto Mando militar desde el primer momento a pesar de
lo cual, todos los comprometidos con dichos acuerdos, luchamos como
Quijotes, por sacarlos adelante.
Pero logra la firma de acuerdos
de paz en La Uribe en 1984 y garantizar su cumplimiento total hasta
culminarlos, fue imposible. Así que los colombianos que emprendimos con
gran optimismo y mayor entusiasmo una histórica jornada por la
convivencia, perdimos esa batalla civilizada frente a los "enemigos
agazapados de la paz", que hoy ya no se esconden tanto.
Un
proceso de paz exitoso, tiene como premisa ineludible, el respaldo
lento, decidido, transparente y activo, de la mayoría de la población.
No
me cabe la menor duda que las nuevas generaciones de colombianos, en un
futuro cercano, rendirán honores y harán reconocimiento a los mártires
de la Unión Patriótica que "a pecho descubierto" lucharon por un mejor
país para sus hijos, por la democracia y la convivencia, con una
generosidad, un desprendimiento y una valentía ejemplares.
Destacados líderes políticos de izquierdas colombiano han dicho a Público
que creen que la existencia como guerrilla de las FARC es la
responsable de la "derechización extrema" de la sociedad colombiana, ya
que "izquierda" se asocia a guerrilla. ¿Está usted de acuerdo?
Digamos
genéricamente, que se está a la izquierda si se prioriza lo social, la
democracia popular y los cambios revolucionarios, en oposición a quienes
privilegian la ganancia económica, el hegemonismo burgués y la defensa
del statu quo. No se trata solo de estar al lado izquierdo de la
derecha, sino de defender integralmente intereses de clase, populares.
Integralmente.
Puntualizo para comentarle que no he escuchado a
ningún destacado dirigente, de izquierda, afirmar lo que menciona en su
pregunta.
En Colombia los hay, bastantes, muy importantes y muy
consecuentes, que con enorme responsabilidad y altura discrepan de la
lucha armada revolucionaria, se apartan de ella, pero entendiendo sus
circunstancias históricas, trabajan por encontrar los caminos de la
solución política respetando el compromiso de quienes combatimos desde
la insurgencia y, priorizando sus debates contra la oligarquía y contra
el neo coloniaje imperial, verdaderos generadores de la violencia en
Colombia.
De pronto existan quienes han militado en la izquierda y
ya no defiendan sus posiciones originales sino las del régimen, como
sucede en muchas partes del mundo. Habrá que respetar sus nuevas
posturas, pero sin inscribirlos como defensores de los intereses
populares ni ubicarlos a la izquierda en el ajedrez de la política.
También puede darse el caso de quienes pretenden ocultar sus propias fallas, tras el esfuerzo ajeno.
La
lucha nuestra desde Marquetalia es por la democracia, por la
posibilidad cierta de desarrollar una acción de masas, abierta, por los
cambios revolucionarios y el socialismo. Y esta opción, es la que ha
saboteado a tiros la oligarquía colombiana.
Asesinaron a Jorge
Eliécer Gaitán, legislaron con el anticomunismo como soporte durante la
dictadura militar, crearon el Frente Nacional bipartidista para excluir y
perseguir a los revolucionarios, y aprobaron una Constitución en 1991,
con elementos positivos en su diseño y textos, que dejó intacta la
concepción de Seguridad Nacional del enemigo interno que campea desde
hace un poco más 47 años en nuestro país. La misma del paramilitarismo y
los falsos positivos.
La derecha, en Colombia y en todo el mundo,
propagandiza y difunde sus pretextos, reales o ficticios, para
confundir, atacar y desvirtuar las luchas populares por bienestar y
progreso social. Y utiliza variedad de formas para ello, incluyendo a
muchos quienes algún día algún día fueron activistas de la izquierda.
En
los tiempos que corren, con el desarrollo de los medios de
comunicación, no hay confusión posible. Quienes defienden el orden
existente, no lo pueden ocultar.
La confrontación en Colombia se
ha prolongado demasiado. Luchar y clamar por la paz es expresión de un
sentimiento profundamente popular y revolucionario.
Las
FARC firmaron un pacto de no agresión con la guerrilla del ELN en
diciembre de 2009. ¿Qué obstáculos ha habido en su implementación?
Tanto
el Comando Central del ELN como el Secretariado del Estado mayor
Central de las FARC - EP, hemos reconocido con sentido autocrítico, el
error que significó no detener drástica, tajante y oportunamente los
roces que se fueron dando en diversas áreas del país, entre combatientes
de las dos fuerzas, de tiempo atrás.
Ahora, trabajamos con
enorme convicción revolucionaria en todas esas áreas por superar,
definitivamente, las asperezas, los mal entendidos, las emulaciones mal
hechas y los enfrentamientos. Es un proceso complejo, teniendo en cuenta
la coyuntura actual, de intensa confrontación política y militar con el
Estado. Pero vamos avanzando con solidez.
La autocrítica es a
fondo y en eso estamos. Falta tiempo, hay mucho terreno por recorrer
pero avanzamos en firme haciendo conciencia, a todos los niveles de
nuestras organizaciones, que somos parte del mismo contingente de lucha
popular, revolucionaria, antiimperialista, bolivariana y socialista. Y
que ello es lo que fundamenta la forma de relacionarnos, las
convergencias que debemos trabajar y luchar para elevar a nuevos niveles
la necesaria estrategia unitaria de los revolucionarios colombianos.
Recogimos
el legado del gran revolucionario, el sacerdote Camilo Torres Restrepo
de enfatizar lo que nos une. Las divergencias las debemos ventilar y
airear en mecanismos que estamos creando para ello.
Estamos
obligados a ser ejemplo de unidad. Y de madurez. Así también le
contribuiremos a la unidad popular de los colombianos, proyectando en
los hechos la prioridad "del bien común" por encima de cualquier interés
particular.
Nos falta un buen trecho, pero ya lo empezamos. Y eso es lo estratégico.
Según
un auto de la Audiencia Nacional, dos testimonios de antiguos miembros
de las FARC implican al Ejército de Hugo Chávez en los cursillos de
adiestramiento que ETA impartió a los guerrilleros colombianos en suelo
venezolano. Los relatos de los arrepentidos forman parte de un informe
de la Comisaría General de Información de la Policía. En el apartado del
auto dedicado a los "hechos" se describe cómo en agosto de 2007 dos
presuntos miembros de ETA impartieron en la selva venezolana dos cursos
sobre manejo de explosivos a guerrilleros de las FARC. ¿Han tenido en el
pasado las FARC relación con la banda ETA? ¿Mantienen relación en la
actualidad y, en caso afirmativo, en qué consiste?
La
experiencia de las FARC en materia de explosivos tanto de su
fabricación, como de su almacenamiento y utilización es larga y
abundante, lo que desde hace mucho tiempo nos permite autoabastecernos
sin recurrir a ningún tipo de ayudas, simplemente porque no lo hemos
necesitado. Tenemos nuestros propios instructores. Así de simple. Esto
para rechazar las afirmaciones sobre tales cursillos con personal
extranjero que solo pretenden afectar al gobierno bolivariano de
Venezuela.
En Colombia, a partir de ofrecimiento de dineros,
viajes a Europa y rebaja considerable de penas, algunos desertores, se
prestaron para atestiguar en contra nuestra y favorecer políticas
nacionales o internacionales del gobierno de Álvaro Uribe. Pero como la
mentira no perdura, los montajes que fabricaron a partir de miles de
falsos testimonios se están desmoronando. Todos caerán como castillos de
naipes.
Por ejemplo, actualmente cursan investigaciones penales y
administrativas, de la Fiscalía y también de la Procuraduría General de
la Nación, contra altos funcionarios del gobierno Uribe y contra altos
mandos militares de la época, por las comedias que montaron, farsas,
falsas deserciones llenas de infames afirmaciones como parte de su
ofensiva contra las FARC.
El mundo se está enterando cómo en el
departamento del Tolima también se reclutaron bandidos y desocupados,
con quienes "formaron" una columna guerrillera, los vistieron con
uniformes militares, les dotaron algunos fusiles viejos y otros muchos
de palo, llamaron a los periodistas, les tomaron fotos, peroraron una
diatriba insulsa, les dieron algún dinero a los farsantes, difamaron
sobre muchos ciudadanos a quienes luego encarcelaron y, luego, felices
ratificaron que el fin del fin estaba cerca, incluyendo al presidente
de entonces.
Dijéramos que esa fue una tónica general del
gobierno colombiano anterior, buscando imponer sus políticas fascistas,
levantó todo tipo de aduanas morales, legales, éticas,
discrecionalmente, para otorgarse la licencia de calumniar, difamar,
mentir e inventar. Valdría la pena que la justicia española verificara y
confrontara a fondo las informaciones que le fueron proporcionadas en
ese entonces.
Nuestras relaciones, que en este momento tienen
carácter clandestino, con gran cantidad de organizaciones democráticas y
revolucionarias del mundo, armadas y civiles, están regidas por las
conclusiones de la Conferencias Guerrilleras que, como ya señalé,
orientan sobre el no desarrollo de acciones militares en otros países,
respetando la soberanía de cada país y las luchas de cada pueblo.
¿Es
cierto que las FARC pidieron apoyo a ETA para atentar contra varias
personas, entre ellas el presidente, Álvaro Uribe, cuando visitara
España o la UE?
Esa es la propaganda que se hacía el mismo Uribe, en Colombia y en el exterior, para proyectar una imagen de víctima.
Las
fuerzas de seguridad españolas detuvieron a Remedios García Albert, a
quien consideran vinculada con las FARC. ¿Tienen las FARC vínculos con
Remedios García Albert?. En caso afirmativo, ¿en qué consisten?
No
conozco vínculos de Remedios García con las FARC. A ella, la referencio
exclusivamente por una mención periodística de las autoridades
colombianas , durante el periodo de incontinencia propagandística que
sufrió el gobierno alrededor del supuesto ordenador del Comandante Raúl
Reyes. Nunca antes ni nunca después la escuché nombrar. Podría afirmar,
si de algo sirve, que en los tiempos de las conversaciones de paz en el
Caguán, gran cantidad de personas venidas del mundo entero, a título
individual o como representantes de organizaciones de muy diversa índole
o de gobiernos, hicieron presencia e intercambiaron opiniones con
nuestros representantes alrededor del proceso que se adelantaba. No
podría agregar nada más al respecto.
¿Qué relación mantienen con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Ecuador?
Si usted me lo permite, preferiría abstenerme de una respuesta alusiva a nuestras relaciones con cualquier gobierno del mundo.
¿Creen que España puede jugar algún papel en la solución del conflicto colombiano? ¿Cuál?
Siempre
hemos percibido positivamente la participación de la comunidad
internacional en la solución política del conflicto. Pero, dadas sus
características actuales y las permanentes y agresivas declaraciones
oficiales, es necesario que le demos tiempo al tiempo.
¿Qué sabe de los falsos positivos? ¿Por qué las FARC no han difundido más revelaciones sobre ese tema?
El
asesinato sistemático de civiles en estado de indefensión por parte de
militares y policías, y su posterior presentación como "guerrilleros
dados de baja en combate", es una práctica institucional en Colombia,
desde el año 1948.
No es algo novedoso ni mucho menos. Hace parte
de una guerra sucia desarrollada por el Estado colombiano contra "el
enemigo interno" que también concibe y ejecuta el asesinato selectivo de
líderes políticos de la oposición, de dirigentes sindicales
comprometidos con los trabajadores, la desaparición de activistas
revolucionarios, las torturas, el terror y las masacres que intimiden y
generen miedo, parálisis, pánico y desplazamiento.
Todo ello se ha
denunciado y se continúa denunciando. Existen centenares de libros,
miles de denuncias, millares de evidencias y de pruebas que demuestran
la responsabilidad del Estado colombiano en el desarrollo de esta
estrategia, solo que hasta ahora, la comunidad internacional acepta la
tesis oficial que señala como hechos aislados, bajo la responsabilidad
de algunas manzanas podridas, esta criminal práctica institucional.
Son
centenares de miles las víctimas civiles de la guerra sucia que el
Régimen ha emprendido, según afirma, en "defensa de las instituciones y
del Estado de Derecho".
A mediados de los años setenta, la
estrategia oligárquica de terror fundió sus prácticas paramilitares con
el narcotráfico, bajo la dirección y jefatura de poderosos empresarios,
destacadas personalidades de la política tradicional y altos mandos
militares, con el objetivo de intensificar sus crímenes y atesorar
dineros provenientes del narcotráfico, pero ocultando a sus verdaderos
jefes y orientadores.
Hoy, muchas evidencias empiezan a salir a
flote, desde las farsas de las cárceles asignadas a los militares y
políticos responsables de crímenes atroces, pasando por la usurpación
masiva de tierras por parte de hacendados, militares, industriales y
dirigentes de los partidos tradicionales, acuerdos políticos empapados
de sangre entre gamonales y narcos, enriquecimiento desmesurado e
inusitadamente rápido de un reducido sector social vinculado a los
distintos gobiernos de estos años, institucionalidad permeada casi sin
excepción por dineros mafiosos y al servicio de estos, hasta los nexos
del alto gobierno con esta estrategia que por lo pronto visibiliza a dos
de sus "eminentes" cabezas, el señor Narváez y Álvaro Uribe Vélez.
Y,
aunque hasta hoy no hay militares condenados por los llamados "falsos
positivos", la sociedad avanza en la lucha por llegar al fondo del
problema, por determinar cada situación con precisión, castigar a los
autores materiales y también a los autores intelectuales y
determinadores, lo que inevitablemente alcanzará la reglamentación
militar existente, inspirada, concebida y diseñada bajo la óptica de la
Seguridad Nacional pregonada por Washington desde los tiempos de la
guerra fría, que fue uno de los temas tabú en la Constituyente de 1991 y
causa de fondo de los miles y miles de muertos de todos estos años.
Colombia perdió mucho tiempo por ese veto que impuso la oligarquía en
los conciliábulos de aquellos años.
Tamaña equivocación, no puede
repetirse. Las soluciones que requiere el país son estructurales, si
queremos la reconciliación sobre bases ciertas y no zurcir otro remiendo
como aquel de 1991. Por eso también es trascendente, que si logramos
construir un nuevo escenario en función de la solución incruenta, en
algún momento puedan participar representantes de la fuerza pública,
donde seguramente muchos de sus integrantes, sin responsabilidades en
las bajezas de la guerra sucia, también estarán clamando por la
reconciliación y la reconstrucción nacional.
A raíz de la
muerte de Jorge Briceño en un bombardeo el 22 de septiembre, el
presidente Santos reiteró que se ahora sí se vislumbraba el fin del fin
de las FARC. ¿Qué opina sobre esto?
Desde 1964 hemos
conocido tal declaración oficial en boca de distintos presidentes y
ministros de guerra, en ocasiones haciendo de agoreros, otras veces en
forma de promesa y otras a manera de amenaza, siempre con la pretensión
de ocultar las raíces del conflicto que hicieron necesaria la existencia
de las FARC.
Así, han justificado la violencia terrorista del Estado.
Así, han incrementado año tras año el presupuesto militar y policial, para solaz de los generales y de los señores de la guerra.
Así,
han ocultado desde hace tiempo su propia incapacidad, su intransigencia
y la profunda corrupción que corroe las instituciones oficiales.
Así, pretenden cubrir su vergonzoso y humillante arrodillamiento frente al Pentágono Norteamericano y a la Casa Blanca.
Mientras
no aboquemos seriamente, entre todos, la búsqueda de soluciones a los
problemas estructurales del país, la confrontación será inevitable. Unas
veces más intensa, otras no tanto. En algunos momentos con la
iniciativa militar del Estado, en otros, con la iniciativa popular, en
una trágica ciclotimia que debemos superar, inteligentemente, con
grandeza histórica.
Como prosigue la confrontación, habrá más
muertos. De lado y lado. Más tragedias para el pueblo. Y no llegarán la
paz y ni la convivencia para Colombia.
No se trata de la muerte de
uno o de otro comandante guerrillero. El conflicto no es tan sencillo
ni tan simple. Las circunstancias históricas del país son muy
particulares. La existencia de guerra de guerrillas revolucionarias en
Colombia no es consecuencia del voluntarismo de un puñado de valientes o
de unos aventureros, o de unos "terroristas" o de unos
"narcoterroristas", tales calificativos podemos dejárselos a la
propaganda oficial. La insurgencia colombiana es reflejo del sumun de
una serie de factores estructurales que los distintos gobiernos no
pueden empecinarse, terca y criminalmente, en desconocer.
La
oligarquía colombiana ha conformado una fuerza pública armada de más de
500 mil hombres, en un país de alrededor de 45 millones de habitantes
con enormes necesidades y carencias. ¡Inaudito!. Cerca de la quinta
parte del presupuesto nacional del año entrante han sido aprobados para
gastos militares. Se invirtieron casi $10.000 millones de dólares de
ayuda norteamericana en el Plan Colombia, para una guerra fracasada. Sin
embargo la confrontación prosigue.
Cuando bombardearon el
campamento del comandante Jorge Briceño, con casi un centenar de
aeronaves que dejaron caer miles y miles de toneladas de explosivos
durante muchos días, en un dantesco infierno. Instalaron en la periferia
del lugar de tiendas de campaña con espejitos y regalos y ropa nueva,
zapatos Reebock y Nike invitando a los guerrilleros a través de
altoparlantes durante semanas, a la traición y a la deserción.
Todo
lo que obtuvieron fue una heroica respuesta militarde la guerrillerada,
colmada de moral y de conciencia revolucionaria, que produjo centenares
de bajas en la fuerza de ocupación oficial y la solicitud masiva de
ingreso de nuevos guerrilleros en la región y en muchas otras zonas del
país.
La cercanía de la paz democrática, de la convivencia y de la
justicia social no se puede medir en litros de sangre. Eso lo sabe el
país y por supuesto el presidente Santos.
En su último informe ONG
colombiana Nuevo Arco Iris, que hace seguimiento al desarrollo del
conflicto militar cruzando informaciones oficiales y de analistas,
aunque reconoce la supremacía aérea del gobierno, ha dicho que los
combates en tierra les son notoriamente adversos.
¿Cuáles son los resultados reales de esta larga confrontación?
Al
respecto tan solo quisiera anotar que diariamente hay combates y hechos
de guerra entre la guerrilla revolucionaria y la fuerza pública
institucional y parainstitucional en la mayoría de los 32 departamentos
del país, donde se obtienen victorias y en ocasiones también se reciben
golpes, en una confrontación que se prolongó en el tiempo y en la que la
iniciativa militar se altera, se modifica, cambia en el tiempo y en las
diferentes áreas, pero no estratégicamente. Los partes militares que
hacemos públicos, cuantifican alrededor de los efectos de la guerra en
nuestro adversario y en nuestras propias filas con cifras irrebatibles.
Quisiera destacar que la ofensiva oficial actual iniciada desde hace
algo más de 11 años, a partir del llamado Plan Colombia, diseñado en el
Pentágono norteamericano, dirigido y financiado por ellos y alimentado
sin descanso por armamento de última generación desde Washington,
fracasó. Es la más grande y prolongada operación contrainsurgente
adelantada en el continente y es también la más grande demostración que
la solución del conflicto en Colombia no pasa por la Pax Romana.
¿Qué condiciones exigen ustedes hoy para desmovilizarse?
Desmovilizarse
es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a
la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos
por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito
un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y
propuesta bolivariana.
No tenemos ninguna dubitación, ninguna
duda sobre nuestra obligación de luchar permanentemente y sin desmayo,
con convicción y optimismo, por acercarnos con certeza a la solución
política, incruenta, del conflicto. Los colombianos, con la contribución
de países amigos, debemos construir un escenario de diálogo donde
hilvanar y tejer mancomunadamente un proceso que concluya en acuerdos,
cuya materialización incida contundente e irreversiblemente en la
liquidación de las causas que en su momento originaron el conflicto
armado y que hoy lo nutren abundantemente.
Una vez erigido el
escenario, en un proceso que también debe trabajar la reconstrucción de
la confianza entre las partes, tendremos que conversar sobre los
prisioneros de guerra, militares, policías y guerrilleros en poder de
las partes, como un aspecto político y humanitario que reclama
prelación. Y, en función de objetivos de largo aliento, contamos como
punto de partida con una herramienta excepcional cual es la Agenda Común
por el cambio hacia una Nueva Colombia, firmada como acuerdo entre el
Estado Colombiano y las FARC-EP, en El Caguán.
Por supuesto que lo
importante es construir el escenario, con voluntad de decisión
política, pensando en el país y en su futuro, haciendo abstracción de
las mentiras inventadas por la propaganda oficial que alejan la solución
definitiva porque hace pensar al establecimiento con sus propios
deseos. Y, en estos procesos es indispensable mantener la antena en
tierra.
Los dolorosamente frustrados intentos que hemos hecho
desde La Uribe en 1984 por encontrar caminos civilizados, son evidencia
de las enormes dificultades que conlleva encontrar el camino correcto
sin que ello implique resignación.
Colombia atraviesa una
coyuntura crítica porque recién terminó el periodo del gobierno más
violento y corrupto de la historia nacional encabezado por Álvaro Uribe.
Decenas de los congresistas y dirigentes políticos que e hicieron
campaña presidencial y participaron de su gestión están en la cárcel
condenados como determinadores del narcoparamilitarismo, otros muchos
enfrentan investigación preliminar por parte de la Fiscalía y de la
Corte Suprema de Justicia, varios de sus ministros también están
sindicados o son investigados mientras que decenas de mandos medios de
esta administración ya están encarcelados todos por corrupción y/o
paramilitarismo.
El velo está cerca de caer. La capa de teflón
construida por los amigos de Uribe posibilitando el enriquecimiento
desmesurado de este círculo mafioso como fruto de una inconmensurable
corrupción administrativa, la contemporización complaciente de muchos
con la estrategia y práctica paramilitar que ya se le conocía y su
fascistoide rechazo visceral a una solución política del conflicto, todo
este vergonzoso velo, está a punto de caer, lo que abrirá nuevas
perspectivas a la civilidad y a la democracia verdadera.
Cuando
el país además de la violencia y la corrupción, lo azota la naturaleza
en forma de lluvia inclemente, le está reclamando a sus dirigentes
grandeza y estatura histórica para sortear la difícil coyuntura y
proyectarlo con fuerza hacia el futuro.
A los odios enfermizos
irrigados por el anterior gobierno, que polarizaron a Colombia, les
están pasando su cuarto de hora. A las licencias que se arrogó para
birlar la ley como ruina les está poniendo fin la Fiscalía, los jueces y
las Cortes. El haber retrotraído al DAS a los tiempos de la tenebrosa
POPOL, policía política del régimen en los años 50 y aparato criminal
del bolsillo presidencial, no será un delito impune.
La inane
insistencia uribista condensada en su señalamiento a las FARC como
terrorista, no le hace ni sombra a la contundente verdad sobre la
existencia del conflicto armado en Colombia contenida en el proyecto de
la llamada Ley de víctimas, si tenemos en cuenta que fue sobre la tesis
mentirosa de inexistencia del conflicto, que Uribe construyó su tinglado
fascista.
Como revolucionarios que lo hemos entregado todo por
nuestros ideales y el bienestar del pueblo, persistimos en la solución
política del conflicto.
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