- Su misión es influir en los parlamentarios para que legislen a favor de intereses privados
- Es tan legal como lo que hacen los sindicatos, las patronales o las ONG, pero con medios multimillonarios
- "Es inevitable, pero los ciudadanos debemos saber quién se codea con quién", nos dice un periodista experto en asuntos de la UE
Por cada europarlamentario que trabaja en políticas públicas desde Estrasburgo o Bruselas, hay más de 20 “representantes de intereses” (‘lobistas’) cuyo trabajo es condicionar sus decisiones políticas. Tienen acreditación para trabajar desde dentro de las sedes del Parlamento Europeo y la Comisión y comparten vida con funcionarios y cargos políticos que, en la mayoría de ocasiones, no tienen más círculo personal en estas ciudades que ese entorno laboral.
La figura del lobby, del grupo de presión, es mirada con recelo entre los defensores de la transparencia democrática. Y sin embargo hacen algo lícito: intentar hacerse escuchar ante los gobernantes, defender intereses sectoriales, ideológicos, personales; pero la diferencia de recursos y métodos que hay, por ejemplo entre los que representan los intereses de grandes multinacionales y los de organizaciones ecologistas, desequilibra la balanza de los juegos de poder.
El ‘representante’ puede estar en nómina directamente para la empresa que tiene unos intereses legislativos concretos o bien llevar varias cuentas de varios clientes a través de una agencia o una consultora especializada. Hay mucho invertido para que los ‘agentes’ tengan una dedicación personal y pulcra con los políticos que les interesan, con los que comparten cenas, comidas, fiestas.
Recepción
ofrecida en un hotel de Bruselas por la empresa de biotecnología
EuropaBio, a través de un grupo de presión, para promocionar la comida
transgénica, que fue servida durante la fiesta. Acudió al menos una
eurodiputada alemana (corporateeurope.org)
El registro público europeo de grupos de presión, puesto en marcha hace dos años, acaba de alcanzar las 3.000 lobbies inscritos. Los que aparecen en esa lista lo hacen voluntariamente, así que no están todos. Bruselas es la segunda ciudad del mundo, únicamente superada por Washigton DC, en concentración de estos ‘conseguidores’: unas 15.000 personas desarrollan ese trabajo total o parcialmente según un informe del Parlamento Europeo en 2008.
Los lobistas [qué palabro; se aceptan sugerencias en castellano] se definen a sí mismos como consultores de conocimiento y legislación. Juristas, expertos. Por ejemplo el italiano Nenzo Fenulli, que trabaja para la empresa energética italiana Edison comenta en una entrevista que su labor es “dar al legislador informaciones útiles. Eso ocurre porque, con frecuencia, los eurodiputados no pueden tener una visión global y completa de todos los asuntos. A veces, es necesario enseñar a un diputado polaco, por ejemplo, las consecuencias que una enmienda podría tener en Italia”.
Fernando Navarro, periodista especializado en asuntos europeos, nos cuenta que “es inevitable que los europarlamentarios traten de informarse o ‘apdender’ al máximo” antes de tomar decisiones, pero “los ciudadanos les elegimos y tenemos derecho a saber quién se codea con quién y si cada europarlamentario se informa más a menudo con unos ‘expertos’ que con otros”. Por eso, recibe con buenos ojos el aparente éxito inicial del registro público de grupos de presión, “aunque no habría pasado nada si hubiera sido obligatorio en vez de voluntario”.
Daniel Guéguen, director general de CLAN Public Affairs y figura destacada en el sector, describe su trabajo como el de “ayudar a nuestros clientes a influenciar en las personas clave en la toma de decisiones para que sus intereses se vean reflejados en la legislación de la UE”.
Un caso reciente: el Observatorio Corporativo Europeo (CEO) tuvo acceso en junio a una veintena de correos electrónicos enviados a varios europarlamentarios por un grupo de presión que representa a la industria alimentaria con “recomendaciones de voto” sobre ciertas regulaciones en el etiquetado de productos.
¿Antidemocrático o inevitable?
Daniel Guéguen le quitaba misticismo a la figura del lobby hace unos años en el diario Cinco Días. “Cada poder necesita un contrapoder. En España está admitido que la sociedad civil (los sindicatos, especialmente, pero también los docentes, los consumidores, los ecologistas…) sea consultada con regularidad por el legislador. Resulta importante, en efecto, que el poder político escuche la opinión de los actores sociales, apele a su conocimiento y después decida en función de la relación de las fuerzas políticas”.
Según esto, los lobbies son las formas postmodernas y adaptadas a la burocracia de las patronales y los sindicatos. Fernando Navarro está de acuerdo con que los lobbies “en todas las democracias, todos lo representantes políticos se entrevistan con responsables sindicales, asociativos, empresariales, sectoriales , etc….”, nos dice por e-mail. “Con o sin registro, cada europarlamentario puede salir a la Plaza de Luxemburgo de Bruselas a tomarse unas cañas con quien desee y naturalmente puede ser con el representante de… pongamos que EWEA, el lobby del sector de la energía eólica, en el que muchos intereses españoles están representados, pero a través del cual se vehicula también mucha ideología industrial, económica, social o cultural”. Por tanto, “aunque para algunos los lobbies son la legitimación de una trampa democrática, es una trampa imposible de fiscalizar o desintegrar“, concluye Navarro.
Otra visión crítica nos la aporta Letizia Gambini, que trabaja en Bruselas en el Foro Europeo de la Juventud: “Los lobbies en Bruselas son mucho más invisibles de lo que te puedes imaginar”, nos cuenta desde su participación en los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, en Gijón. “Muchas compañías han abierto oficinas y sucursales en Bruselas. Por ejemplo Google, que amplió su presencia y sus grupos de presión tras el reciente debate parlamentario sobre el Paquete de Telecomunicaciones“, un conjunto de medidas para regular entre otras cosas el acceso a Internet.
Preguntados sobre si los lobbies tienen tanta presencia en Europa como en Estados Unidos, tanto Navarro como Gambini coinciden en argumento y frase: “estamos todavía lejos de Washington”. Gambini nos explica que “el sistema político en EEUU está basado y estructurado alrededor de los grupos de presión. Las cantidades de dinero que allí se invierten son todavía mucho más grandes que en la UE, aunque algunos dicen que eso es porque Europa no ha descubierto aún todo el poder que los grupos de presión pueden tener”.
Paramos. ¿Y las organizaciones de defensa de los derechos humanos? ¿O las ecologitas? ¿O las defensoras de la multiculturalidad o la educación pública y laica? ¿No son grupos de presión que también ponen en peligro la transparencia de los parlamentarios? Letizia Gambini reconoce que “como ‘lobby’ suena a algo malo, inhumano y orientado únicamente al beneficio económico, cuando hablamos de asuntos más sociales solemos hablar de advocacy“, un término en inglés muy utilizado y que significa algo así como ‘defensa’ o ‘apoyo’, digamos que referido un activismo académico o institucional como el que pueden hacer Amnistía Internacional o Human Rights Watch, “que cuentan con muchísimos menos medios”.
Un estudio reciente afirma que está aumentando el número de lobbies que defienden los intereses no sólo de empresas sino de Gobiernos: “por ejemplo la agencia Bell Pottinger ha presionado desde 2005 a favor de los intereses de Sri Lanka, que es responsable de graves violaciones de los derechos humanos. No parece que las consultoras se paren a comprobar la ética de sus clientes”, dice el informe.
Un
grupo de manifestantes escenifica en las calles de Bruselas una boda
que simboliza la relación de trabajo entre los lobbies y la UE (AP /
Yves Logghe)
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