En Colombia se han registrado más de 57.200 desaparecidos en las tres últimas décadas, de ellos 15.600 considerados víctimas de desaparición forzada, reveló este jueves el representante en este país del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Christian Salazar.
Durante un seminario sobre desaparición forzada celebrado en Bogotá, Salazar aclaró que estos datos están tomados de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Según el funcionario de la ONU, “la Fiscalía General de la Nación conocería, hasta la fecha, probablemente más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas”.
Y en referencia a las más de 16.600 desapariciones forzadas, explicó que éstas fueron supuestamente “cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos”.
Entre estas víctimas, añadió, “hay más de 3.000 mujeres y más de 3.000 personas menores de 20 años”.
Para Salazar, la desaparición forzada “es una de las violaciones de los derechos humanos más graves”, y Colombia, subrayó, “es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos”.
Según el representante de la ONU, “décadas de conflicto armado interno y de persecución estatal” han dejado “miles y miles de desaparecidos y con ello un sufrimiento prolongado de sus familias”.
Y agregó que si cada familia de un desaparecido está compuesta de un promedio de cuatro personas, “se puede estimar que en Colombia hay más de 100.000 víctimas de la desaparición forzada”.
El funcionario de la ONU recordó que Colombia adoptó la figura penal de la desaparición forzada en 2000 y ratificó el Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), en 2002 con aplicación integral desde noviembre de 2009.
Asimismo Colombia ratificó la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada en 2005 y el legislativo estudia actualmente la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
“Podemos constatar que los operadores judiciales en Colombia cuentan con un marco normativo que les permite cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada”, indicó Salazar.
Pero, anotó, pese a ello “la lucha contra la impunidad no ha tenido un progreso similar”, al advertir de que “hay obligaciones pendientes de cumplir por parte del Ejecutivo, y en especial, por parte de la fuerza pública”.
“Por décadas, miembros de la fuerza pública supuestamente cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas”, concluyó Salazar.
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