AI denuncia torturas de Estado generalizadas bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo y la disidencia

AI lamenta la falta de medidas para investigar las denuncias por tortura en España, el país con el régimen de detención "más severo de la UE".

Amnistía Internacional (AI) tiene constancia de prácticas "generalizadas" de tortura de Estado "a manos de las fuerzas de seguridad, Policía y otros agentes" que son justificadas por los Gobiernos como una forma de actuación frente a "amenazas terroristas" o como táctica de represión contra disidentes, según un informe publicado este domingo que señala a España como el país con el régimen de detención "más severo de la Unión Europea" y donde la falta de medidas para tratar el problema de la tortura ha generado "un clima de impunidad".
AI entiende que, en la década que abarca los atentados del 11-S hasta las revoluciones árabes de 2011, numerosos países han justificado el uso de la tortura a través de la aprobación de legislaciones que contradicen el derecho internacional --caso de EEUU--, eximen a las autoridades cuando atacan la libertad de expresión o conciencia a través de la declaración de estados de excepción permanentes --Egipto o Bahréin--, o fuerzan a terceros gobiernos como el español a operar bajo una serie de débiles "garantías diplomáticas" sin validez alguna en casos como el traslado a sospechosos terroristas a países donde se recurre a la tortura de forma "sistemática y generalizada". 

En un ámbito más amplio, AI expresa su repulsa ante la falta de respeto total a los DDHH exhibida por países como China, Israel, México, Rusia, Brasil, o por fuerzas de seguridad como la del movimiento palestino Hamás que "ni siquiera necesitan de una excusa para emplear la brutalidad policial, las detenciones arbitrarias y otras formas de abuso para reprimir y castigar la disidencia y la libertad de expresión", con especial hincapié en "la discriminación de género" hacia la mujer, "humillada y degradada por el mero hecho de serlo", y de la que se abusa para "doblegar la voluntad de familias y comunidades".
   Por todo ello y con motivo de la celebración este domingo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, Amnistía Internacional denuncia estos comportamientos que violan "importantes sistemas de protección" como la Convención contra la Tortura, adoptada en 1984 y firmada por 147 estados, y exige a los Gobiernos el cumplimiento de la misma, la puesta en marcha de investigaciones independientes sobre las denuncias relativas a estas violaciones de los Derechos Humanos y que garanticen una reparación plena a las personas que hayan resultado perjudicadas por ellas.

"ESPAÑA NIEGA LA EVIDENCIA"

   Parte del análisis de Amnistía sobre el caso español se insertan en el marco de la lucha contra el terrorismo. En este sentido, AI manifiesta  que "el Gobierno español continúa extraditando personas a países donde pueden correr peligro de tortura" y cita específicamente el traslado a Marruecos en diciembre de 2010 del ciudadano belga-marroquí Alí Arraas, acusado de delitos relacionados con el terrorismo, "donde corre el peligro de ser sometido a tortura, detención en régimen de incomunicación y juicio injusto".

En términos generales, y sin acusar en ningún momento a las autoridades españolas de prácticas de abusos, AI sí que lamenta "la falta de medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos españoles para tratar las denuncias de tortura" derivadas del particularmente severo régimen de detención en España, "el único país de la Unión Europea donde las personas detenidas pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o médico de su elección, y no tienen la posibilidad de informar de su detención a su familia ni a sus amistades".

Amnistía hace especial hincapié en la detención en régimen de incomunicación, "que puede alargarse hasta trece días sin que la persona comparezca ante una autoridad judicial" en el caso de sospechosos de actividades terroristas.

En este sentido, la ONG critica el rechazo del Gobierno español a las recomendación formuladas por Naciones Unidas en mayo de 2010 para abolir este régimen de detención especial, que se suma a las "varias condenas" emitidas por el Tribunal de Derechos Humanos por no investigar adecuadamente las denuncias de tortura, que generan un "clima de impunidad", el cual a su vez "fomenta la aparición de casos de maltrato año tras año".

DIEZ AÑOS DE EXCUSAS

   Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha abanderado una política de impunidad en los delitos de derecho internacional cometidos en nombre de la lucha contra el terrorismo y que no ha variado significativamente desde la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama.

Los responsables de torturas durante la época de su predecesor, George W. Bush, "siguen sin rendir cuentas", la reparación por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del programa de detenciones secretas de la CIA "es inexistente" y el centro de detención de Guantánamo, a pesar de las promesas de Obama, continúa abierto. Allí aún permanecen encerrados 170 presos que se exponen a ser juzgados en desventaja por los tribunales militares que se han restaurado recientemente.

Otros países implicados en la "guerra contra el terror" no están exentos de críticas: en Irak, las fuerzas de seguridad "cuentan con un historial inequívoco de tortura", con 574 denuncias presentadas contra las autoridades en 2009; en Afganistán, los servicios de información, "continúan perpetrando impunemente tortura y detención arbitraria"; en Turquía se tiene constancia de que "miles de menores han sido enjuiciados en virtud de una legislación antiterrorista enmendada en julio de 2010, y existen datos "fidedignos" de que funcionarios británicos colaboraron en la detención de personas expuestas a sufrir torturas en otros países.

LA PRIMAVERA DE LA REPRESIÓN

   Diez años después, y con la explosión de las revoluciones populares en el mundo árabe en 2011, Amnistía Internacional describe el comportamiento de los gobiernos de Túnez, Egipto, Libia, Siria, Bahréin, Marruecos o Yemen bajo el denominador común de la "represión".

En todos estos países, los millones de personas que salieron pacíficamente a las calles "hartas de los terribles abusos perpetrados por sus gobiernos" han sido objeto de un abanico de violaciones que comprenden "persistentes informes de torturas" de las fuerzas de seguridad tunecinas o "abusos sistemáticos" durante el estado de excepción declarado en Egipto y Bahréin, por no mencionar los delitos que pudieran derivarse de los conflictos abiertos en Libia, Siria y Yemen.

En el caso de Marruecos, AI tiene constancia a lo largo de 2010 de informes de tortura y malos tratos infringidos por la Dirección de Vigilancia del Territorio y por la Brigada Nacional de la Policía Judicial, "casi siempre con impunidad", y que culminaron con el asalto al campamento saharaui de Gdeim Izik el pasado mes de octubre, en el que murieron 13 personas, 11 de ellas miembros de las fuerzas de seguridad, tras su intento de desalojo por la fuerza.

EL FIN DE LA TORTURA

   Es por ello que Amnistía Internacional concluye su informe exhortando a los estados para que "dejen de socavar la prohibición absoluta de la tortura" y se abstengan con efecto inmediato de recurrir a detenciones ilegítimas, tribunales especiales o militares, realizar traslados extrajudiciales de detenidos o ampararse en legislaciones antiterroristas para justificar abusos contra los disidentes.

Amnistía exige igualmente la puesta en marcha de investigaciones "independientes, complejas, exhaustivas y transparentes" ante cualquier denuncia de violación de los Derechos Humanos, bajo las garantías de que los servicios de Inteligencia quedarán sujetos a la vigilancia de una autoridad civil, y que el secreto de Estado jamás protegerá a los Gobierno del escrutinio público ante presuntas violaciones de los derechos de las personas.

Europapress