Los presos políticos mapuche cumplen 49 días en huelga de hambre en Chile

Desde el 12 de julio, una treintena de presos chilenos de etnia mapuche están en huelga de hambre en protesta contra la aplicación de la Ley Antiterrorista. Entre las demandas de los huelguistas se encuentran también el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político-judiciales actuales, el fin del doble procesamiento (militar y civil) y la desmilitarización de las comunidades y zonas en conflicto.

La Ley Antiterrorista, que fue elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet, se aplica de forma casi mecánica en todas las causas mapuche, permitiendo que pasen hasta cinco años en prisión preventiva, como en el caso de la mayoría de estos presos, y sean condenados a penas astronómicas por delitos del fuero común. Aunque en la Comisión de Constitución del Senado se ha aprobado un proyecto de ley que facilitaría la libertad condicional para los presos mapuches y el Gobierno ha presentado otro proyecto para cambiar la Ley Antiterrorista, mientras éste último continúa su trámite de forma lenta para eliminar la condición de “presunción” a la hora de aplicar esta norma, la primera tendrá que enfrentarse a una fuerte oposición por parte de los sectores oficialistas y derechistas chilenos en el pleno de la institución.

A pesar del silencio mediático sobre la huelga de hambre de estos presos mapuche, que ha motivado la presentación de una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión por parte de Mapuexpress y Otra Prensa, desde algunas organizaciones pro derechos, como Human Rights Watch o la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, califican de “racista” la aplicación de la Ley Antiterrorista a la comunidad mapuche, cuando nunca se han dado delitos de sangre, intimidación o alarma pública. Desde el Parlamento Europeo, el diputado socialista irlandés Joe Higgins también solicitó en una carta al Gobierno chileno su internvención para detener la huelga de hambre. Higgins pidió que se cumplieran las demandas de los huelguistas, “que están totalmente justificadas”, y se preocupó por la salud de los presos, que han perdido ya alrededor de 15 kilos de peso, sufren mareos y perdidas de memoria. Sin embargo, en vez de escuchar las demandas de este pueblo, desde la Corte chilena han autorizado la alimentación forzosa por vía intravenosa a ocho de los huelguistas de hambre y el Ministerio Público se ha dedicado al desprestigio de este pueblo acusándolo de colaborar con las Farc, hecho que han negado rotundamente.

Los mapuche, pueblo indígena sudamericano que habita en el centro y sur de Chile, donde representa el 6,6 por ciento de la población, y en el suroeste de Argentina, luchan desde hace veinte años por la recuperación de sus tierras, usurpadas en 1883 por el Estado chileno, confinándo a la población en 500 mil hectáreas (antes dominaban 10 millones de hectáreas). En 1990, los mapuche comenzaron las tomas simbólicas de tierras privadas, que fueron duramente reprimidas por el gobierno, llevando a la cárcel a más de 140 personas de esta etnia. Siete años más tarde, la población mapuche recibió otro duro golpe, con la construcción por parte de la compañía española Endesa de una central hidroeléctrica que provocó la inundación de gran parte de sus tierras.

A día de hoy, estas comunidades siguen reivindicando sus derechos sobre la tierra, mientras son acosadas por los cuerpos de seguridad chilenos, con allanamientos nocturnos en sus poblados y asesinatos de algunos de sus miembros.

Fuente: tercerainformacion.es