Colombia: Partido de la oposición denuncia asesinato de sus militantes

Clara Lopez, Presidenta del Polo Democratico

El partido colombiano de oposición, Polo Democrático Alternativo (PDA), introducirá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de siete de sus militantes en los últimos tres meses.

Según fuentes del partido, el más reciente asesinato ocurrió en el caserío Cantón de San Pablo, en el departamento del Chocó (noroeste), fronterizo con Panamá. Allí fue ultimado a balazos el concejal del PDA en ese municipio, Inocencio Rengifo Martínez.

La presidenta del partido, Clara López, anunció la conformación de un grupo de abogados para “presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, una solicitud formal de medidas cautelares para la protección de la vida de los dirigentes y representantes del PDA en los cargos de elección popular”.

López solicitó además una entrevista con el ministro de Interior y Justicia de Colombia, Fabio Valencia Cossio, ante quien denunciará la ola de violencia contra los militantes de su partido.

También pedirá la protección de los congresistas Camilo Romero e Iván Cepeda, así como del concejal de Bogotá, Jaime Caicedo, del dirigente sindical, Dairo Rúa, y de senadores y representantes del PDA que dejan sus puestos en el Congreso a partir del próximo 20 de julio cuando tome posesión los nuevos legisladores.

Voceros del partido indicaron que pese a que no se puede asegurar que los asesinatos hayan sido porque son militantes del PDA o por sus actividades, lo cierto es que son del partido.

Los militantes que fueron asesinados son Efrén Caicedo, educador en el departamento de Antioquia (noroeste); Rogelio Martínez, líder campesino de San Onofre, en el departamento de Sucre (norte); Iván de la Rosa, líder cívico en Barranquilla, en el departamento del Atlántico (norte).

De igual forma, Rogelio Donoso, también líder cívico del PDA en Buga, departamento del Valle del Cauca (suroeste); Francisco Antonio Avello, del caserío de San Juan Paprieto, en el departamento del Magdalena (norte) y Carlos Wagner Valencia, concejal de Tuluá, Valle del Cauca.

López señaló que buscan que la CIDH ordene medidas cautelares o de protección a por lo menos un centenar de dirigentes del Polo que han recibido amenazas de grupos armados ilegales como “Los Rastrojos y Aguilas Negras”, integradas por narcotraficantes y ex paramilitares, según las autoridades.

El Polo, explicó López, cuenta con unos tres mil dirigentes en todo el país y la dirección nacional la forman 260 personas.

LibreRed